La Secretaría del Practitioner’s Register emitió unos certificados aclaratorios que permitieron cobrar la prestación por cese de actividad a aquellos de sus miembros a los que algunas mutuas les pusieron problemas

Entre las 19 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (antes Mutuas de Accidentes de Trabajo) han abonado 674,16 millones de euros por la prestación extraordinaria por cese de actividad, que han solicitado durante el primer mes de confinamiento, un total de 952.348 trabajadores autónomos.

Esta prestación, que comporta la exoneración de las cuotas a la seguridad social de manera temporal, fue aprobada por el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma y se está percibiendo todos los meses, mientras dicho estado de alarma esté en vigor y supone un 70% de la base reguladora (un mínimo de 661 euros al mes, en el caso de autónomos que cotizan por la base mínima).

Se han podido acoger a ella, tanto los autónomos obligados a cerrar, como los que han tenido una disminución de ingresos, debido al estado de alarma.

En cuanto a los profesionales de las terapias naturales, desde el Practitioner's Register se recomendó a sus miembros que lo solicitasen desde el primer momento, por estar obligados a cerrar.

Si bien algunas mutuas consideraron que, por ser actividad sanitaria, no se estaba obligado a cerrar, la Secretaría del Practitioner's Register emitió certificados aclaratorios al respecto, a quienes tuvieron este problema, solucionándose la mayoría de casos y habiéndose comprometido el propio Practitioner's Register a ayudarles a reclamar, a través de su departamento jurídico, en todos aquellos casos en los que no se resuelva satisfactoriamente el tema.

La obligatoriedad de tener contratada una mutua colaboradora es relativamente reciente en España. En enero de 2019 entró en vigor la ley que obligaba a los autónomos a contratar una mutua colaboradora de la Seguridad Social para cualquier tipo de incapacidad a causa de contingencias comunes, contingencias profesionales y al cese de actividad. Pocos se imaginaron entonces que tendrían que recurrir a este último supuesto y menos, de forma masiva, como ha sucedido como consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria COVID-19 y el necesario cierre de su negocio.