La medicina complementaria busca un lugar en la constitución Suiza

El electorado suizo decide el 17 de mayo si incluye en la Constitución el principio según el cual, la autoridad federal y los cantones deben tomar en consideración la medicina complementaria. Las modalidades de aplicación no han sido definidas. El debate sobre el reembolso de la medicina complementaria comenzó en Suiza a principios de la década pasada, tras la entrada en vigor de la Ley Federal del Seguro de Enfermedad.

Ante la controversia sobre la validez científica de la medicina alternativa, la entonces ministra de Salud, Ruth Dreifuss, decidió integrarla de modo provisional en el catálogo de prestaciones del seguro obligatorio a partir de julio de 1999 y durante un periodo de cinco años. Durante ese periodo, la homeopatía, la fitoterapia, la terapia neural, la medicina tradicional china y la antroposófica se incluyeron en los costos del seguro de base, a condición de que fueran practicadas por médicos acreditados por la Federación de Médicos Suizos (FMH).

El periodo de prueba sirvió para evaluar científicamente si los criterios correspondían a las exigencias en la relación entre eficacia y costos del seguro en caso de enfermedad.

El gobierno recomienda rechazar la iniciativa

Mientras se avecinaba el término del periodo de evaluación, la diatriba se intensificaba. Las organizaciones en favor del empleo de la medicina complementaria denunciaron falta de transparencia y acusaron a la dirección encargada del estudio de manipular los resultados. Presintiendo una derrota, los precursores de las disciplinas alternativas, lanzaron en septiembre de 2004 una iniciativa popular para solicitar la inscripción en la Constitución Federal del principio de la "completa consideración de la medicina complementaria", por parte de los cantones y del Gobierno federal.

Una jugada que preparó el terreno ante el anuncio, en mayo de 2005, del ministro de la Salud, Pascal Couchepin, de excluir la medicina alternativa del seguro de base a partir del 1º de julio siguiente, basándose en el estudio realizado, el cual subrayaba la imposibilidad de comprobar científicamente la eficacia de esas disciplinas alternativas.

La decisión, según se rescata de diversos sondeos, disgustó a la opinión pública. El apoyo popular a las terapias alternativas se confirmó a través del exitoso lanzamiento de la iniciativa 'Sí a la medicina complementaria", que recogió casi 140.00 firmas de apoyo.

En el mensaje al Parlamento, el Ejecutivo recomendó rechazar la iniciativa sin ofrecer un contraproyecto. El gobierno argumentó que en caso de aceptar esa iniciativa, se crearían disparidades en el tratamiento con la medicina tradicional, cuyo reembolso está vinculado a reglas precisas. Además, de ser aprobada, mencionó, se tendrían que reembolsar tratamientos realizados por terapeutas, y no sólo por médicos. Todo ello, con consecuencias financieras para los asegurados y para las cajas públicas.

Un desafío a resolver en las urnas

Los precursores de la iniciativa concluyeron que con este artículo constitucional se garantizaría la equidad de trato a todos los asegurados; y no sólo a aquellos que tienen los medios para pagarse un seguro complementario. Es decir, ancianos, enfermos crónicos, personas con enfermedades congénitas, entre otros, tendrán así el derecho a las prestaciones de la medicina alternativa. Actualmente, cerca de 2,5 millones de asegurados tienen esa cobertura en su póliza de seguro médico.

Para el grupo de respaldo a la medicina complementaria, esta posibilidad constituye un gran potencial de ahorro, sobre todo en los tratamientos de enfermedades crónicas y en la cura paliativa geriátrica. También es la alternativa en el tratamiento durante el embarazo y la lactancia, donde la medicina clásica tiene sus límites.

En cambio, los opositores a este artículo consideran que con él se abre una puerta a eventuales arbitrariedades y provocará aumento en los costos de salud, puesto que el seguro de base deberá cubrir una vasta gama de tratamientos, cuya eficacia no ha sido comprobada científicamente.

En el ámbito jurídico, se considera que las cuestiones legales relacionadas con la medicina no deberían estar incluidas en la Constitución, sino que deben estar al amparo de leyes. Además, la medicina clásica no está mencionada en la Constitución. Los adversarios denuncian una discriminación a la medicina clásica, regulada de modo riguroso.

Pascal Couchepin ha reiterado que las cinco medicinas alternativas, excluidas de las prestaciones del seguro obligatorio, no serán reintegradas en breve, aun cuando el electorado las respalde en las urnas el 17 de mayo.

Fuente: www.swissinfo.ch (12/05/2009