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El Departamento de Salud catalán dice no conocer de primera mano el recurso presentado por el Ministerio de Sanidad al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidiendo la anulación de los artículos 2, 5, 6, 7 y 18 y varias disposiciones transitorias del decreto catalán de terapias naturales, sumándose a otras instituciones que lo han impugnado, según anunció Diario Médico (ver DM de ayer).
Esta es la razón que esgrime para no hacer una valoración pública sobre la iniciativa ministerial, según Rafael Manzanera, director general de Recursos Sanitarios del Departamento de Salud catalán.
Según recuerda, la elaboración del decreto ha sido compleja técnica y jurídicamente, y el cuerpo legal se ha formalizado contando con los servicios jurídicos del Departamento de Salud y la comisión asesora de la Generalitat, lo que no ha evitado el fallo de una sentencia del TSJC que suspende cautelarmente los artículos relativos a la práctica homeopática. La Generalitat, según Manzanera, ha presentado alegaciones y está a la espera de la respuesta del tribunal.
Manzanera admite que este es un decreto "bueno y complejo", pero que, al tratarse del primero en esta línea en Europa, "lógicamente ha generado polémica jurídica y técnica". Manzanera defiende, al igual que el Departamento de Salud catalán, que "regular es mejor que no regular" y que la preocupación del ministerio es lógica en un asunto que hasta ahora no ha estado regulado.
Lo esperado
Aunque la Generalitat haya declinado valorar el recurso, para Isabel Giralt, presidenta de la sección colegial de médicos acupuntores del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), "está claro que el decreto hace aguas", porque vulnera el real decreto de 2003 sobre centros sanitarios, así como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). A su juicio, "es un peligro sanitario" y esta norma demuestra que no sólo los colegios profesionales lo creen así, sino el propio Ministerio de Sanidad, puesto que ha actuado "con lógica sanitaria".
Francesc Ferrer, miembro de la junta del COMB, ha afirmado que la iniciativa del Ministerio de Sanidad "era previsible" y que no ha hecho más que ratificar las alegaciones que el COMB ya presentó durante la fase de audiencia pública del primer borrador del decreto, en el que, a juicio del colegio, se dejan competencias demasiado abiertas que favorecen el intrusismo.
Por su parte, Luis Alfredo Rabanal, del servicio de asesoría jurídica del Colegio Oficial de Médicos de Gerona (COMG), ha explicado que el recurso del ministerio "no responde a un juego de intereses corporativos ni políticos, sino a la puesta en peligro de la salud pública y de la ciudadanía".
Fuente: www.diariomedico.com (España, 06/07/07)